Noticias del resumen de prensa

22/03/2021
¿A quién debe socorrer la SEPI?
Con Plus Ultra en el foco, el fondo estatal para fortalecer la solvencia de las empresas crea controversia

La Vanguardia

El uso eficiente de los recursos públicos es, por definición, un territorio que se presta siempre al debate o la discusión. En el caso de las ayudas públicas en forma de préstamos participativos y deuda a muy largo plazo que el Gobierno ha articulado a través de la SEPI, la polémica está servida. El cuestionamiento sobre su idoneidad se basa en el perfil singular de algunos de los solicitantes, su crítico estado previo a la pandemia o el dudoso carácter estratégico de sus negocios.

El caso más llamativo es el de Plus Ultra, una aerolínea de vuelos con Latinoamérica que está en pérdidas desde su fundación en el 2011 y que, a pesar de su insignificancia en el sector turístico español, ha sido la tercera compañía en recibir ayudas –53 millones en préstamos– y el Gobierno ha insistido en que se trata de una empresa estratégica para el país.


Hay empresas que pertenecen a fondos de capital, algunas que ya estaban quebradas y otras, muy residuales
También puede rebatirse, como ha sucedido en Estados Unidos y el Reino Unido, que las empresas participadas por los fondos de capital –casi siempre, con abundante liquidez a su alcance– se beneficien de las ayudas de la SEPI, limitadas y, en teoría, ideadas como un último recurso. La idea es que solo deberían acceder a ellas quienes hubieran agotado antes todas las posibilidades razonables de obtener dinero, ya sea de los accionistas o del mercado.

Pero Mediterránea de Cátering, de la gestora de capital riesgo Portobello, ha pedido 40 millones a la SEPI y Lacrem, fabricante de Farggi controlado por Cheyne Capital, ha solicitado otros 70 millones. En ambos casos, los fondos cuentan con abundantes recursos a su disposición.


¿Se debería prohibir socorrer a firmas participadas por los fondos? Oriol Pinya, vicepresidente de Ascri y socio de Abac Capital, defiende que no. “Lo relevante es la compañía que pide las ayudas y que su proyecto tenga sentido, no quién es el propietario: son cosas separadas”. Según Pinya, además, en algunas de las participadas hay socios minoritarios que no pueden aportar más dinero o los fondos, con sus partícipes, tienen limitada desde su constitución la concentración de un porcentaje de sus recursos en una sola compañía, lo que les impide poner más dinero. “En cualquier caso, se trata de una ayuda, no de un regalo”, concluye Pinya.

Lo mismo que se puede achacar a los fondos cabría aplicarlo a empresas con accionistas presuntamente muy acaudalados. La familia Barceló, por ejemplo, es propietaria junto con Globalia de Ávoris, que aspira a recibir más de 300 millones de préstamos del Estado. Jaume Roures, también con múltiples posibilidades, estudia pedir también una cantidad millonaria para Mediapro, un grupo que controla él mismo junto con el fondo chino Orient Hontai Capital.

El tercer bloque de empresas cuyo rescate crea controversia es el de las compañías que ya se encontraban en el alambre antes de la pandemia. El fondo de la SEPI se creó para ayudar a fortalecer la solvencia de quienes se hubieran visto perjudicados por la crisis, no a quienes ya estaban mal. El caso más dudoso es Abengoa, con fondos propios negativos de casi 5.000 millones y en concurso de acreedores. La ingeniería ha pedido 250 millones para la filial a la que ha transferido sus principales activos.

La ingeniería sevillana es totalmente estratégica para Andalucía, pero su rescate, si sale adelante, apunta más a una decisión política que económica. Como el de la asturiana Duro Felguera, ya aprobado por el Consejo de Ministros, o el de Celsa, que a duras penas cumplía con sus acreedores antes de la llegada de la covid, y que está a punto de acceder a unos 700 millones de ayudas públicas. La SEPI solo se asegura de que todas ellas cumplan con las ratios financieras establecidas para finales del 2019. Un asesor externo implicado en el análisis de los solicitantes asegura que “el rigor es muy elevado y se han visto casos en los que la SEPI rechazaba propuestas porque la finalidad de las ayudas no era la prevista”. ¿Y el plan de negocio y la estrategia para devolver los préstamos? Eso, muchas veces, es casi un acto de fe. El papel lo aguanta todo.

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