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24 de diciembre de 2020.
Sepla vuelve a pedir a España a adherirse al Manifiesto europeo “La recuperación del COVID-19: hacia una conectividad socialmente responsable”, que apuesta por una aviación con responsabilidad social hacia sus empleados. Dicho manifiesto fue firmado por los principales países de la Unión Europea el pasado 7 de diciembre en la reunión del Consejo de Ministros de Transporte.
El manifiesto, firmado por Austria, Holanda, Francia, Dinamarca, Luxemburgo y Bélgica y al que posteriormente se han adherido países como Italia y Portugal, destaca la “atención prioritaria” que debe dirigirse a atajar problemas como “la asombrosa incertidumbre jurídica en cuanto a la legislación laboral, de seguridad social y fiscal aplicable, el desigual terreno de juego dentro del mercado único de la aviación en Europa o los diferentes niveles de protección de los trabajadores y la inadecuada aplicación de las normas laborales a nivel nacional”. A juicio de estos países, estos problemas generan enormes disfuncionalidades en el sector de la aviación y, de perpetuarse, “corren el riesgo de impedir la recuperación de la industria de la crisis”.
A pesar de haber acudido a la cita en la que se firmó el documento, España aún no se ha sumado a esta iniciativa, aunque aún está a tiempo de demostrar su voluntad de defender una aviación socialmente responsable. Así se lo ha pedido Sepla en una carta enviada el día 3 al ministro Ábalos, así como en una reunión mantenida con la DGAC posterior a la reunión del Consejo Europeo de Transportes.
“El manifiesto, firmado por los principales países europeos, no sólo busca identificar los pilares sobre los que debe sustentarse la recuperación de una industria vital para la economía de nuestro país -señala óscar Sanguino, presidente de Sepla- sino que busca proteger en el largo plazo los derechos de los trabajadores de la aviación, sometidos en los últimos años a una enorme precariedad”.
En efecto, el sector aéreo en Europa ha sufrido en las últimas décadas una degradación exponencial de las condiciones laborales de sus trabajadores, debido principalmente a la proliferación de modelos de empleo precarios como los falsos autónomos o la contratación a través de terceras empresas de provisión de personal. Estos modelos, irregulares y fraudulentos, dejan a los trabajadores en una posición de enorme inseguridad jurídica, al no tener claras ni las leyes de aplicación ni la persona, física o jurídica, sobre la que reclamar un posible incumplimiento.
“El Gobierno español ha manifestado en varias ocasiones que una de sus principales prioridades es la de defender a los trabajadores de la precariedad y de la vulnerabilidad. Ahora tiene una oportunidad única de demostrar que ese compromiso no se queda sólo en palabras” ha rematado el presidente de Sepla.
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